Nación acordó aumentos con la UBA y desató el enojo de las demás universidades
Tras recibir aumentos de fondos para funcionamiento y hospitales, la UBA comunicó que suspendió la emergencia presupuestaria. El resto de los rectores salieron con un fuerte reclamo. El Congreso negocia en paralelo.
Protesta universitaria en la UNL en contra del ajuste a la educación pública el pasado 23 de abril. Foto: Manuel Fabatía.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció este miércoles que alcanzó un acuerdo con la Nación por la actualización de partidas presupuestarias y activó el malestar de las demás casas de altos estudios del país que calificaron a la medida de "inadmisible" y "provocadora".
A casi un mes de la multitudinaria marcha nacional en defensa de la educación pública, la disputa por los fondos para universidades sumó un nuevo capítulo. El Ejecutivo nacional dispuso la entrega única del 270% de recursos para la universidad porteña y activó el reclamo unánime del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que agrupa a todos los rectores del país.
Los rectores del resto de las universidades nacionales salieron duro a reclamar por el financiamiento.
Mediante un fuerte documento, el CIN reclamó a las autoridades que se les trasfiera la misma plata que la arreglada para la UBA: "Resulta inadmisible y provocador que se reconozca la actualización del presupuesto solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda".
"Exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la UBA para todas las universidades públicas de la Nación", agregaron el escrito.
Luego de la marcha del 23 de abril, el Gobierno decidió cambiar la estrategia de negociación, corriendo del foco de conflicto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, apuntado por sus modos confrontativos.
A cargo de dialogar con los rectores quedó el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Sin embargo, el Comité Ejecutivo del CIN fue convocado tan solo una vez, el 30 de abril, a un encuentro en el Ministerio de Capital Humano, del que también participó la ministra Sandra Pettovello, aunque no hubo ninguna propuesta concreta sobre las demandas planteadas.
Sandra Pettovello recibió al rector de la UBA en paralelo a los rectores del CIN.
Una muestra de la disputa instalada este miércoles tuvo lugar en aquella oportunidad, cuando un día antes, el 29 de abril, los funcionarios citaron aparte a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, sin que trascienda mayor información de lo tratado en el encuentro más que una foto y una gacetilla de prensa.
Negociaciones en el Congreso
El reclamo por los fondos para las universidades públicas nacionales se desarrolla en paralelo en el Congreso. Este miércoles, el bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado anunció un "compromiso" del Ministro del Interior, Guillermo Francos, para garantizar el financiamiento universitario como parte las negociaciones de la ley Bases.
Paralelamente, el Gobierno garantizó la continuidad de la Universidad de Río Tercero (Córdoba), que había quedado en suspenso cuando asumió este gobierno. Las gestiones estuvieron a cargo del jefe del bloque de Diputados de la UCR, Rodrigo De Loredo, luego de reunirse con la ministra Petovello y el secretario Torrendell.
Torrendell, por su parte, expuso el martes por la tarde-noche en la comisión de Educación de Diputados y deslizó que habrá aumentos para las universidades públicas, pero evitó dar detalles sobre montos y plazos en que se girarán.
El día previo al acuerdo del 270% para la UBA, el secretario de Educación sostuvo que se aplicaría una nueva suba del 70% para gastos de funcionamiento en las universidades. Argumentó que su cartera está "progresivamente aumentando el presupuesto, no de la forma deseada, pero sí de la forma posible y responsable".
Torrendell aseguró que el presupuesto universitario “se está aumentando, no de la forma deseada, pero sí posible”. Foto: Cámara de Diputados.
Los bloques opositores más duros de la Cámara baja buscan avanzar en un dictamen que establezca una ampliación presupuestaria para lo que resta del año, si el Poder Ejecutivo no brinda garantías.
El proyecto se fundamenta en el reclamo de los rectores de las 60 universidades que funcionan en el país, sobre que en los primeros cinco meses del año ya agotaron los fondos anuales para cubrir los gastos corrientes, ante la decisión del Ejecutivo de prorrogar el presupuesto del año pasado pero ante un contexto de inflación y suba de tarifas.
Sin embargo, Torrendell planteó que el Gobierno no está en condiciones de trazar un horizonte de previsibilidad presupuestaria para lo que queda del año por lo que el Gobierno solo otorgará aumentos a cuentagotas.
La UBA se "solidariza" con rectores y docentes
El Consejo Superior de la UBA resolvió este miércoles suspender la emergencia presupuestaria declarada el pasado 10 de abril. "Esto surge a partir del refuerzo que el Gobierno Nacional aprobó tras las negociaciones con las autoridades de la Universidad", señaló la casa de estudios porteña en un comunicado.
En los considerandos de la resolución, el Consejo Superior manifestó que con el refuerzo asignado, se ha incrementado el presupuesto para gastos de funcionamiento que había sido prorrogado. "Las resoluciones mencionadas implican una actualización de gastos, sin incluir salarios y otras partidas, del 270% interanual respecto del presupuesto sancionado para la universidad en 2023 y de 300% para los hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculadas al área asistencial", explicaron .
Como parte de la misma resolución, la UBA también declaró el “estado de alerta y profunda preocupación en materia de recomposición salarial, manifestando la urgente necesidad de arribar a un pronto acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los representantes sindicales de las Universidad Nacionales, tendiente a recomponer el ingreso de los trabajadores docentes y nodocentes a un salario justo; así como también respecto a las partidas restantes aún no actualizadas y/o discontinuadas, particularmente aquellas vinculadas a las áreas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y a los Programas de infraestructura universitaria”.
Asimismo, el Consejo Superior de la Universidad se manifestó a favor de la sanción de una Ley de Financiamiento Universitario que establezca parámetros objetivos en la distribución del presupuesto de las universidades nacionales, así como también un criterio de actualización que permita mantener año a año, y a lo largo del mismo, el poder adquisitivo de las asignaciones presupuestarias realizadas.
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